Consideraciones

La Consulta Pública es el medio de participación mediante el cual, el ente responsable de la normalización nacional solicita la opinión a travez de la participación de las partes interesadas: Fabricantes, Usuarios y consumidores; Centros de investigación y laboratorios, Universidades, Sector oficial, Asociaciones y colegios profesionales, acerca de los proyectos de normas y/ reglamentos técnicos  a los fines de promover la incorporación de sus propuestas y observaciones.

En esencia el objetivo de la Consulta Pública es “Propiciar escenarios de participación ciudadana y establecer una comunicación activa y permanente entre los actores sociales para el alcance de acuerdos y consensos sobre temas específicos”.

En Venezuela  la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1999 consagra este mecanismo en su artículo  70º: Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico: las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad.

En el mismo orden de ideas la Ley Orgánica de la Administración Pública de 2001 (GO N° 37.305) establece en su artículo 136º: Cuando los órganos o entes públicos, en su rol de regulación, propongan la adopción de normas legales, reglamentarias o de otra jerarquía, deberán remitir el anteproyecto para su consulta a las comunidades organizadas y las organizaciones públicas no estatales inscritas en el registro señalado por el artículo anterior. En el oficio de remisión del anteproyecto correspondiente se indicará el lapso durante el cual se recibirán por escrito las observaciones, y el cual no comenzará a correr antes de los diez días hábiles siguientes a la entrega del anteproyecto correspondiente. Paralelamente a ello, el órgano o ente público correspondiente publicará en la prensa nacional la apertura del proceso de consulta indicando su duración. De igual manera lo informará a través de su página en la internet, en la cual se expondrá el o los documentos sobre los cuales verse la consulta. Durante el proceso de consulta cualquier persona puede presentar por escrito sus observaciones y comentarios sobre el correspondiente anteproyecto, sin necesidad de estar inscrito en el registro a que se refiere el artículo anterior. Una vez concluido el lapso de recepción de las observaciones, el órgano o ente público fijará una fecha para que sus funcionarios o funcionarias, especialistas en la materia que sean convocados y las comunidades organizadas y las organizaciones públicas no estatales intercambien opiniones, hagan preguntas, realicen observaciones y propongan adoptar, desechar o modificar el anteproyecto propuesto o considerar un anteproyecto nuevo.

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